lunes, 2 de julio de 2012

Conflictos Sociales: Los de nunca acabar

Concluye la primera mitad del año y todo se desenvuelve como estaba previsto, un ambiente social alterado, debido al recrudecimiento de algunos conflictos que tienen buen tiempo de duración sin ninguna solución valedera y con la incógnita en saber qué es lo que realmente pasa y qué es lo que está sobredimensionado.

A través de los años ha sido notable la poca capacidad por parte del Estado para prevenir los conflictos y encauzarlos institucionalmente. Tan solo basta observar la legislación medioambiental y la dispersión de las atribuciones que debiera ejercer la autoridad encargada en estos aspectos.
Sin duda alguna, dos de los hechos más resaltantes en el panorama de los conflictos sociales relacionados con la actividad minera en estos últimos meses, es el caso del proyecto minero Conga -ubicada en la región de Cajamarca- y el de la mineria Tintaya -ubicada en la provincia de Espinar, Cusco.


Lo que viene sucediendo en estas regiones será reproducido en otros lugares del país y en los meses siguientes seguramente las manifestaciones y movilizaciones se incrementarán, ya que, estamos ante el resultado de una historia que se inicia en los años noventa cuando los cambios vistos en la conciencia ambiental obligaban a la formulación de una normatividad adecuada a estas exigencias en la que además de poner cuidado en el uso de los recursos naturales establecia la importancia del desarrollo de la responsabilidad empresarial y la participación ciudadana.

Así que todo hace indicar que los intentos de resolver los conflictos con el simple hecho de la "mano dura" o lo que algunos llaman el principio de autoridad, no es otra cosa que "tomar al toro por las astas", es decir, responderle a la violencia con más violencia.

A todo esto ¿Qué provocaron las declaraciones del Primer Ministro? ¿Acaso el Ministerio de Energia y Minas no cuenta con un área que tenga a su cargo las relaciones entre las empresas y la comunidad? ¿No existe una Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales?

Más allá de una ficticia sensación de orden, el premier Óscar Valdés pareciera estar satisfaciendo las demandas de los sectores más endurecidos del empresariado nacional, para quienes un Estado fuerte es un Estado más represor; y que el gobierno empieza a deslizarse hacia una política de criminalización y militarización de la protesta social. En otras palabras, estaría indicando un paulatino deslizamiento hacia el autoritarismo, limitación de la
democracia y el aumento de la acción represiva del Estado, como únicas formas para contener las demandas sociales.

El desenlace de los conflictos va a depender mucho de la voluntad de diálogo, respeto a los compromisos, así como de los mecanismos para llevarlos acabo por parte de la empresa, las organizaciones sociales y el Estado. De tal manera que el Estado no sólo deberá declarar su buena voluntad sino manifestarla en acciones, a su vez, hace falta también que las organizaciones tomen una postura menos cerrada.

Todo esto ocasionará que la conflictividad social pueda encausarse de una manera constructiva, permitiendo que ésta más bien fortalezca la democracia, atendiendo a las demandas sociales y estableciendo relaciones asimétricas de poder.

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